Un tema complicado del cual semanas atrás habían comenzado con su discusión. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum impulsó un impuesto del 2% a tecnológicas de reparto y envíos, como Mercado Libre, Amazon, Uber Eats, DiDi Food y similares bajo el argumento: por el uso de la infraestructura.
Pese a los llamados para que no se aplicara por parte de la Asociación Latinoamericana de Internet, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Confederación de Cámaras Industriales y la Asociación Fintech México al considerar que este impuesto es “inconstitucional”.
Estos gremios puntualizaron que establece un piso disparejo, pues el impuesto no se cobra a empresas no digitales que también están en el negocio de reparto y entregas.
Semanas atrás Claudia Sheinbaum destacó que este impuesto no afectaría ni a los usuarios, ni a repartidores. Situación que bien sabemos no será cierto, lo más probable es que este sobrecosto será añadido directamente al precio del usuario.
Todas las cámaras advirtieron a través de un comunicado que el impuesto terminaría por elevar costos al usuario final, así como a restaurantes y plataformas de pago.