Si vives en México y quieres conservar o contratar una línea celular ya no bastará con ir con tu proveedor pagar y firmar un sencillo contrato.

Ahora, además de tu nombre y comprobante de domicilio tienes que entregar una copia de tu CURP y -lo más grave- tendrás que proporcionar tus datos biométricos. Es decir, huellas dactilares, escaneo de iris, escaneo de rostro y registro de tono de voz.

¿Dónde queda nuestra privacidad?

Con esta autoritaria y preocupante medida México se une a países como Afganistán, China, Bangladesh, Pakistán y Venezuela.

Y como si faltara algún otro elemento para encender las alarmas, Ricardo Mejía Berdeja, multado -con $25 mil pesos –por filtrar el padrón electoral de millones de mexicanos en 2016, ahora este funcionario -corrupto o en el mejor de los casos ineficiente- es el encargado de promover y salvaguardar el registro de estos datos biométricos de usuarios de telefonía móvil. Algo que organizaciones civiles consideran contrario al derecho a la privacidad.

La reforma combatirá delitos como secuestro y extorsión

La reforma aprobada por el Congreso y ya publicada establece que cada usuario deberá registrarse y dar esa información al padrón correspondiente.

El gobierno federal y legisladores de Morena argumentan que el objetivo de esta base de datos es combatir delitos como secuestro y extorsión.

Esta no es la primera vez que se ha buscado tener una base de datos que vincule líneas de teléfono con datos personales.

El RENAUT, siglas del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en 2009 pretendía que cada número estuviera vinculado al CURP. Solo que ese padrón fue eliminado en 2011 tras no ver una disminución de los delitos. Precisamente que pretendían combatir con su creación y lo más grave, estos datos terminaron en el mercado negro.

Hay enormes similitudes entre la propuesta del año pasado con la de 2009.

compartir datos biométricos

Datos biométricos compartidos

Pero una de las mayores diferencias es que ahora también se vincularán datos biométricos a las líneas. Que, por cierto, no se ha establecido si serán del rostro, iris o huella, voz -o todos- y tampoco se sabe cómo los recopilarán.

El presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones de México (Anatel), Gabriel Székely, defendió ante el Senado que usar las llamadas realizadas a la línea de denuncia 089 para identificar extorsiones sería más eficiente y simple que instaurar el padrón.

La otra cara de la moneda, que podría ser la más realista, indica que el nuevo padrón podría, más que proteger al usuario, ponerlo en mayor peligro.

Toda vez que resulta sumamente riesgoso y preocupante que haya un acceso directo y sin ningún tipo de control a esos datos por parte de autoridades que, frecuentemente, son sorprendidas “colaborando con miembros de la delincuencia organizada“.

También se ha cuestionado el hecho de que esto podría aumentar el robo de teléfonos. Y que la norma subraya que el registro de una línea en el padrón presume “su pertenencia a la persona que aparece como titular salvo prueba en contrario”. Lo cual podría responsabilizar de delitos a personas inocentes.

¿Y qué pasará ahora?

Pese a que la reforma a la ley ya está en vigor tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, ya se anunciaron numerosos recursos judiciales que podrían poner en peligro su implementación.

Tras aprobarse en el Senado con una ajustada diferencia (54 votos a favor y 49 en contra), varios partidos políticos dieron a conocer que planean presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

¿Y si no quiero compartir mis datos biométricos?

Las empresas de telefonía móvil podrán presentar un amparo ante los tribunales federales porque dicha reforma atenta contra sus derechos y las de sus clientes.

Y de manera individual, procede el mismo amparo, con el mismo argumento sobre: la violación de los derechos al compartir nuestros datos biométricos individuales.

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¿Qué implica compartir mis datos biométricos en el padrón celular?

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